2012

En estas fechas suele ser habitual que los medios de comunicación realicen un resumen de los acontecimientos más importantes acaecidos. Algunas voces autorizadas predecían que este año sería peor que el anterior, y los pronósticos se han quedado cortos. El Gobierno, con la tutela monitorizada de Bruselas, ha planteado una batería de reformas hasta ahora sin precedentes, necesarias para equilibrar el heredado déficit presupuestario, que afectan desde la sanidad a la educación, pasando por la justicia, el sistema financiero y laboral, con una importante subida de impuestos que perjudican a las clases medias, en contra de lo prometido en las elecciones, y con el rescate en el horizonte como espada de Damocles. Como consecuencia, el descontento social no se ha hecho esperar, aprovechado por el oportunismo de los sindicatos, encargados de echar más leña al fuego con dos huelgas, no sin la connivencia del principal partido de la oposición al verse desbancado del poder, salvo en Andalucía. Todas estas medidas económicas no solo no han paliado la sangría del desempleo, sino que rondamos los seis millones, con la angustia de los pensionistas, los ejecutados por las hipotecas, y los autónomos que, pese al pago a los proveedores de las administraciones, están sin crédito bancario y sin perspectivas de crecimiento. A la vez, la crisis económica ha estado alimentada por una profunda crisis institucional y de valores, comenzando por la Jefatura de Estado y su familia, la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, y la incorporación a las instituciones del partido proetarra Bildu por el TC, que también legaliza el matrimonio homosexual. Finalmente, en Cataluña la deriva secesionista y la corrupción están en un continuo “in crescendo”, en un claro desafío político que vulnera el Estado de Derecho, ante la impasibilidad del Gobierno. Ciertamente, sin querer ser catastrofistas, estamos inmersos en una situación límite de emergencia nacional que reclama la unidad y la lucha esperanzada de toda la sociedad, aspecto que se antoja complicado por la continua deslealtad institucional de que hacen gala algunos partidos. Y es que está en juego la continuidad histórica de España como nación.

Javier Pereda Pereda.-