La pava cazalillense

“Por san Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres: año de nieves”. Así nos recuerda el refranero que el tres de febrero, fiesta del santo, estas majestuosas aves migratorias vuelven desde África para criar, con la llegada del buen tiempo.

En el municipio jiennense de Cazalilla también celebran el día de su patrón, pero con la peculiaridad de que desde el campanario de la Iglesia del pueblo no anida una especie ciconiiforme, sino que la protagonista es un vertebrado ovíparo de la familia de las gallináceas.

La pava cazalillense, además de ser últimamente un “casus belli”, se ha convertido en un reclamo de interés turístico provincial e internacional; así se aprecia por la cobertura que le dispensan las agencias de información y los medios de comunicación nacionales.

Cuenta la tradición de hace varios siglos que el hijo y la hija de dos familias profundamente enemistadas, acaban casándose por los avatares de la vida. Desde entonces, para celebrarlo, se conmemora esta hermosa costumbre de lanzar desde lo alto de la torre a este gallipavo, ante la confluencia en derredor de todo el vecindario y los forasteros venidos de los más recónditos lugares.

Esta ave de corral, realiza su descenso oponiendo resistencia a la caída libre de la gravedad mediante el abatimiento de sus alas, hasta que en su suave aterrizaje es recogida por un afortunado al que se le augura suerte y prosperidad.

Sin embargo, lo que podría representar una simpática fiesta popular, en los últimos años ha tomado tintes de confrontación social entre la mayoría del pueblo y sus detractores: las asociaciones defensoras de los animales. Estos despliegan un intenso activismo porque consideran que se trata de un inadmisible caso de maltrato animal, por el estrés que éste padece. Hasta el punto de que denuncian los hechos ante la Junta de Andalucía, que sanciona al autor del lanzamiento con la multa de 2001 € –no es moco de pavo–, que ni siquiera recurre la persona sancionada, y que gustosamente sufragan los vecinos, que tocan a dos euros por persona.

Todo ello haciendo alarde hipócrita de lo políticamente correcto entre el Ayuntamiento y las demás instituciones. Lo novedoso de este año ha sido intentar suspender el evento por lo criminal, instando al juzgado instructor competente de Jaén, medidas cautelares a tal fin; que han sido desestimadas. Dentro de esta escalada en defensa a ultranza de los animales se ha recurrido esa resolución a la Audiencia. Al final, anteayer, no se produjo el lanzamiento de la pava porque el campanario estaba cerrado: “con la Iglesia hemos topado”.

Hacen bien estas asociaciones en defender a los animales, pero quizás estos hechos sean excesivos para ser constitutivos de un delito de maltrato animal, del artículo 337 del Código Penal; máxime cuando no se le dispensa trato cruel ni se le causa lesión alguna, salvo la natural pérdida de alguna que otra plumilla.

Se hace necesaria la defensa y protección de los animales, de aquéllos que se comportan como tales, pero con cierta dosis de sentido común. Aspecto que se pone en entredicho con la recién denuncia administrativa de los ecologistas para paralizar las obras de reparación de los tejados de la Catedral de Jaén, por la existencia de cernícalos primilla; aspecto que se antoja no menos que caprichoso.

Quienes tienen la suerte de trabar relación con animales experimentan el cariño que se les puede llegar a tener y que, en muchos casos, suponen un remedio terapéutico. No en vano la sabiduría popular ha acuñado la expresión de que: “el perro es el mejor amigo del hombre”. Hemos comprobado la belleza, la ternura, la lealtad y la alegría que aportan estas criaturas de Dios, que por su sola existencia le bendicen y dan gloria, y que en algunas familias son uno más. De ahí que sea contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales, sacrificar sin necesidad sus vidas, o no facilitarles los cuidados veterinarios, higiénicos, de esparcimiento y de alimentación que precisan.

Denotaría una notable incoherencia la atención desmedida por la vida de los animales, si no se mostrara al menos esa misma sensibilidad con la ecología humana –que es aún más importante– sobre los seres más indefensos.

Diálogo interreligioso

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El Papa Francisco ha decidido publicar todos los meses un vídeo. El primero de este año versa sobre la necesidad de fomentar el diálogo entre las distintas religiones.

De entre los 6.900 millones de habitantes que pueblan el planeta, la mayoría se declaran creyentes. La religión más numerosa es el cristianismo con 2.180 millones de fieles, de los cuales la mitad son católicos, y el resto protestantes y ortodoxos. La segunda religión monoteísta es la musulmana con 1.600 millones. Le sigue la hinduista con 800 millones; la budistas son 500 millones, y, finalmente, la tercera religión monoteísta, la judía, con cerca de 15 millones de practicantes.

Los hombres buscan en las religiones la respuesta a los enigmas más recónditos de su existencia, para encontrar un sentido último a su vida (el bien, el mal, el dolor, la felicidad, la muerte…). Estas religiones han conformado una cultura y forma de pensar diferentes, y a lo largo de la historia –incluso en la actualidad– comprobamos cómo su coexistencia no siempre ha sido pacífica. No hace falta que nos remontemos a la batalla de Covadonga (722), las Navas de Tolosa (1212), la Toma de Granada (1492), que supuso el final de la Reconquista, o la de Lepanto (1571), para comprobar las constantes tensiones entre estas dos civilizaciones y religiones: el Cristianismo y el Islamismo; ambas presentan formas bien distintas de entender la relación entre el hombre y Dios.

Hace un año, en nombre de Alá, se asesinaba a doce periodistas del semanario satírico parisino “Charlie Hebdo”; actuación que en modo alguno justificaba las viñetas injuriosas y las blasfemias proferidas contra Mahoma y su religión. El terrorismo yihadista también perpetró en esta ciudad europea, a mediados de noviembre pasado, una matanza de más de un centenar de personas en la sala de fiestas Bataclan, escogida por estar en un barrio judío. Finalmente, el Estado Islámico continúa con el exterminio genocida en Siria e Irak, persiguiendo y masacrando de forma especial a un importante sector de la población cristiana, que, en el mejor de los casos, son deportados y refugiados.

Ante este inquietante escenario parece acertado el propósito de fomentar un diálogo sincero entre las distintas religiones para conseguir frutos de paz y de justicia. Cada una de estas religiones intenta buscar y encontrar a Dios de forma distinta. Pero en ningún caso podrá invocarse el nombre de Dios cuando se vulnera la dignidad de las personas, con actos de terrorismo, violencia, discriminación de la mujer o al transgredir su libertad.

Este diálogo interreligioso no debería renunciar a la Verdad, rechazando un sincretismo religioso y que se impongan las propias creencias. Tendría que reconocer un elemental principio de reciprocidad en la libertad religiosa: se aceptará el culto de otras religiones, en la medida que se respete la propia en el país de origen.

Se ha criticado la expresión de este vídeo: “…en este abanico de religiones, la única certeza que tenemos es que todos somos hijos de Dios”.  Esta manifestación  habría que matizarla, porque tiene sentido si se entiende de forma genérica y coloquial;  entonces todos los hombres somos criaturas amadas por Dios, hechos a su imagen y semejanza, y de ahí se deriva que tengamos igual dignidad. Pero todas las religiones no son igualmente ciertas, porque entonces todas serían igualmente falsas. De ahí que el Catecismo de la Iglesia Católica (cf. 1213 y ss.) precise cómo se nos otorga el don de ser hijos de Dios: “Mediante el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios”; “El nuevo bautizado es ahora hijo de Dios en el Hijo Único (Jesucristo). Puede ya decir la oración de los hijos de Dios: el Padre Nuestro”; “Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el Bautismo”; “El Bautismo purifica de todos los pecados y hace un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho participe de la naturaleza divina”; “Los bautizados por su nuevo nacimiento como hijos de Dios están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la Iglesia”. Por ello, la afirmación de que “fuera de la Iglesia no hay salvación”, no es aplicable a los que sin su culpa no conocen a Cristo y a su Iglesia, e intentan actuar con sinceridad, según su conciencia.

Católicos y liberales

En pleno viaje histórico del Papa Francisco a EE.UU., existe en la opinión pública la expectación del mensaje que transmitirá al pueblo norteamericano y, en concreto, sobre los ya denunciados abusos del capitalismo.

Sin ir más lejos, el neoyorquino “Wall Street Journal” sale al paso de las continuas críticas del Pontífice a los excesos de la economía de mercado, y se pregunta si no corre el riesgo de convertirse “más en un líder político que espiritual”. Este rotativo pone en contraste Cuba y Argentina, como modelos de falta de libertad (económica en el caso argentino), con Estados Unidos, un país que “ha prosperado gracias a la protección de los derechos y las libertades individuales”.

Así como una gran parte del pontificado de san Juan Pablo II estuvo centrado en el comunismo, y el de Benedicto XVI en el relativismo, a nadie se le oculta la sensibilidad de este Papa argentino por la opción de los pobres, y la reprobación del capitalismo desenfrenado.

De aquí surge el debate intelectual que puede llevar a cuestionar si son compatibles el catolicismo y el liberalismo político y económico. Entre algunos cristianos existe el asentimiento con lo que afirmara hace sesenta años el teólogo Paul Tillich: “Todo cristiano coherente debe de ser socialista”. Y es que la actitud de la Iglesia frente al capitalismo –al menos en la segunda mitad del s. XIX y primera del XX– presenta muchas afinidades con su reacción inicial frente al liberalismo político: desconfianza frente a lo nuevo; temor a la libertad (en lo económico: libre competencia; producción no planificada centralizadamente); nostalgia de la vieja sociedad “ordenada”, etc.

León XIII (Rerum novarum, 1891) y Pio XI (Quadragesimo anno, 1931) atacarán duramente el liberalismo económico, al que responsabilizan de la “miseria de los obreros”; la riqueza como “juego de suma cero” (la ganancia del rico supondría siempre el expolio del pobre) o el desorden del individualismo no planificado; esto en absoluto implicaría la opción católica por el socialismo.

Sin embargo, parece evidente que la doctrina social de la Iglesia ha experimentado con el tiempo un giro importante, aunque sea “minimalista”. En la (Centesimus annus, 1991) san Juan Pablo II establece que: “La Iglesia no tiene modelos (económicos) para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos los responsables que afrontan los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales”.

También se podría argüir que la afinidad entre cristianismo y liberalismo parece innegable, al constituir uno de los pilares esenciales de la cultura occidental. Para dirimir la discordia resultan sugestivas las explicaciones de Thomas E. Woods, quien reconoce que la doctrina social de la Iglesia establezca, por ejemplo, que el trabajador debería percibir una remuneración suficiente para mantener dignamente a su familia. Pero la doctrina de la Iglesia haría mal en recomendar esta o aquella fórmula concreta para alcanzar tan deseable objetivo: eso es algo que incumbe a los economistas.

La receta que parece más acertada (imposición por decreto de un salario mínimo) podría no ser la más eficiente (la ciencia económica guarda muchas “sorpresas”); de tal forma que un salario mínimo artificialmente alto puede multiplicar el desempleo. Por eso, concluye, pretender describir el funcionamiento de las relaciones económicas está más allá de la competencia del Magisterio eclesiástico, “al igual que éste no puede decirnos cómo construir un rascacielos”.

Que la forma más eficaz de ayudar a los pobres radique en una fuerte distribución estatal (como creen los socialistas) o en el crecimiento propiciado por la libertad económica (como creen los liberales), es una cuestión técnica que la Iglesia no tiene que resolver, y en la que incluso los católicos debería poder discrepar libremente.

No parece razonable que la Iglesia –cuyo mensaje espiritual es universal y trasciende los contextos históricos– vuelva a comprometerse de manera excluyente con modelos políticos o socio-económicos concretos.

Nulidad matrimonial

Nulidad matrimonial

La nueva reforma del proceso de nulidad matrimonial canónica entrará en vigor a partir del próximo 8 de diciembre, sin que tenga carácter retroactivo.

Ha sorprendido que a un mes vista del próximo Sínodo de la Familia se haya acometido esta reforma que afecta a 21 cánones del Código de Derecho Canónico. La explicación que se ha dado es que este cambio ya se había adoptado en 2014, en el anterior Sínodo.

Por eso se aclara que, para el derecho de la Iglesia, la nulidad matrimonial no es equivalente a un divorcio civil –el matrimonio es indisoluble–, sino sencillamente que no existió tal matrimonio.

En este sentido, las nuevas normas procesales no pretenden rebajar o modificar las causas de nulidad matrimonial hasta ahora existentes. El motivo principal que ha llevado a realizar esta modificación ha sido la necesidad de agilizar la duración de este procedimiento, que no podrá exceder de un año; tal y como ya se reflejaba en 2005 con la publicación de la Instrucción Dignitas Connubii.

Siempre cabe el riesgo de que a una mayor celeridad en estos procedimientos exista una disminución en el rigor y las garantías procesales exigibles. En este caso, lo que pretende el legislador es simplificar y agilizar el procedimiento, pero manteniendo y preservando su naturaleza judicial, sin reconducirlo a un mero trámite administrativo. Si bien, la reforma prevé que para causas en las que no existan dudas sobre la nulidad interesada, el propio obispo de la diócesis pueda resolver de forma inmediata.

El aspecto más importante que presenta el nuevo proceso es la supresión de la doble instancia judicial. Hasta ahora se precisaban dos sentencias afirmativas de nulidad matrimonial, una dictada en primera instancia y otra más que tenía que ser confirmada por el tribunal de apelación o de la Rota, en su caso.

La experiencia personal me dicta que la principal causa de retraso de este tipo de procedimientos no es tanto su estructura como la diligencia en el cumplimiento de los trámites procesales previstos, ya sean de los abogados y peritos, como del defensor del vínculo y de los propios jueces.

Para resolver este problema sería suficiente con dedicar a las causas el tiempo necesario, sin compaginarlo con otras obligaciones o cargos; de tal forma que, si está previsto que se dicte sentencia en el plazo de un mes, a partir de la deliberación de la misma, no se retrase seis meses. Sólo con el cumplimiento perentorio de los términos judiciales y con una equilibrada distribución del trabajo a los jueces, bastarían para no alargar más de un año el proceso, sin que sea necesario agotar el límite establecido.

La otra cuestión que ha saltado a la opinión pública es el efectista titular de la gratuidad de los procesos. Hasta ahora existían unas tasas razonables que debían ser abonadas para sufragar los gastos del proceso, siempre y cuando no se hubiera concedido el derecho a la justicia gratuita.

Respecto a los abogados y peritos que no forman parte del Elenco eclesiástico, pactan sus honorarios con los clientes, como cualquier otra profesión liberal, y atendiendo a la normativa europea sobre la competencia. Habrá profesionales cuyos honorarios sean más o menos elevados, según los servicios que ofrezcan. Y siempre los clientes podrán elegir el que más les interese. Lo que carece de sentido es no cobrar por este trabajo tan trascendente e importante. De ser así, no se contaría con los mejores profesionales en detrimento de los clientes e incluso de los juzgadores.

Hace bien la Iglesia en facilitar la celeridad de los procedimientos y de hacer asequible los mismos sin rebajar las exigencias de la institución de la nulidad. Recordemos que en España en 2013, según el INE, hubo 100.327 sentencias de separación y divorcio, de las cuales, un gran número podrían ser objeto de nulidad; sin embargo, sólo se han dictado 768 sentencias favorables de nulidad canónica, en primera instancia, y 175 en segunda.

En mi opinión, aquí puede estar la respuesta a algunos asuntos objeto de debate en este Sínodo, como la comunión de los divorciados. Ojalá sirva esta reforma para paliar la actual secularización y ayudar a reconstruir la familia, ofreciendo una solución acorde con la doctrina de la Iglesia.

Uniones homosexuales

Se dice que una imagen vale más que mil palabras. En este caso no ha pasado desapercibida la bandera multicolor que ondea en el Congreso de los Diputados, con motivo de la celebración del día internacional del orgullo LGBT. A esta iniciativa se han sumado la totalidad de grupos políticos, para reivindicar la igualdad como principio democrático por excelencia. Todo ello, en referencia al mal denominado “matrimonio” entre personas del mismo sexo en el décimo aniversario de la aprobación e inclusión de esta reforma en el Código Civil.

El presidente de la Cámara Baja –que se erige en portavoz de la sociedad española– ve las uniones de personas del mismo sexo como algo “bueno para todos”; y concluye que se ha dado “un gran paso”.

Esta misma bandera también la hemos visto izada –no sin menor estupefacción– en la fachada del Ayuntamiento de nuestra ciudad y de otras Corporaciones locales. Todo ello no es más que la constatación de que la ideología de género está calando e invadiendo progresivamente las instituciones, pese a que no deja de ser una minoría quienes hacen uso de ese supuesto derecho a las uniones homosexuales.

Existe un plan ideológico preconcebido tendente a desarrollar toda una orquestada y totalitaria ingeniería social de género, con la aprobación de leyes en distintas Comunidades Autónomas (Galicia, Cataluña, Extremadura, etc.), que afectan a todas las áreas de la vida social, tanto en el ámbito público como privado.

Que la tercera autoridad del Estado califique de forma tan positiva y buenista las uniones homosexuales es un síntoma inequívoco de que la dictadura del relativismo imperante –de lo políticamente correcto–, junto con el fundamentalismo de la ideología del lobby gay, se ha instalado y apoderado de la conciencia y el pensamiento de las autoridades y, como por ósmosis, de un importante sector social. Se está haciendo realidad la frase de Alfonso Guerra de que: “A España no la va a conocer ni la madre que la parió”.

Ninguna ideología puede hacer cambiar la realidad antropológica y biológica del matrimonio que es, exclusivamente, la unión de un varón y una mujer, por lo que en esa realidad no tienen cabida las uniones entre personas del mismo sexo.

La arriesgada apuesta ideológica para conseguir las reformas legales que intentan cambiar nada menos que la naturaleza humana –“seréis como dioses”– no sólo no supone el logro de un derecho, sino una perversión y depravación moral más, que, indudablemente, tendrá graves y dramáticas consecuencias personales y sociales.

Que históricamente a los homosexuales se les haya dispensado un trato injusto y vejatorio, en modo alguno legitima a la ideología gay para transformar la naturaleza del verdadero matrimonio –cuyas características son irrenunciables–, haciéndolo irreconocible por su injusta y contradictoria ampliación conceptual.

La discriminación a los homosexuales no se arregla dándoles cabida dentro de la institución matrimonial o pretendiendo cambiar y modificar los sujetos intervinientes y sus características esenciales, porque lo único que se conseguiría sería agravar dicha injusticia, en vez de repararla, perjudicando a la genuina institución natural. No se puede calificar de discriminación aquello que en justicia no le corresponde a quien lo reivindica. Los fines propios del matrimonio tampoco son factibles en las uniones homosexuales: ni la procreación ni la recíproca complementaridad natural afectiva.

Podría argumentarse que las parejas homosexuales pueden adoptar y tener niños mediante técnicas de reproducción asistida o la inseminación artificial; en definitiva, todo un cúmulo de desórdenes antinaturales que genera más inconvenientes morales, cuyo fin se pretende justificar con medios de dudosa probidad, negando al hijo el derecho a conocer a uno de sus naturales progenitores.

Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significa no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también descartar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad.

Redefinición del matrimonio

Después de que durante veintiún siglos no existiera ninguna duda acerca del concepto de matrimonio, ahora resulta que se está operando una profunda redefinición de esta institución milenaria, poniéndose en cuestión el futuro de nuestra cultura occidental.

En este sentido, la semana pasada el Tribunal Supremo de EE.UU. dictó una sentencia histórica (Obergefell v. Hodges) al declarar constitucional el “matrimonio” homosexual para todos los ciudadanos estadounidenses.

Es significativo que las votaciones de los jueces se decantaran con el estrecho margen de cinco votos a favor y cuatro en contra, arguyendo los favorables que se trata de una cuestión de libertad y una pretendida igualdad de todos ante la ley.

Uno de los votos particulares o discrepantes, el del juez John Roberts, indica a las claras la politización judicial, cuando no el uso alternativo del derecho: “Este Tribunal no es un parlamento. Que el matrimonio homosexual sea o no una buena idea es una decisión que no nos corresponde tomar a nosotros. Bajo la Constitución, los jueces tenemos el poder de interpretar lo que dice la ley, no lo que debería decir”.

Esgrime también el presidente del más alto tribunal que esta sentencia perjudicará al matrimonio, porque su redefinición cambia de arriba abajo el concepto de esta institución natural convirtiéndolo en una relación “más centrada en los deseos de los adultos que en las necesidades –o los derechos– de los niños”.

Esto supone ignorar que el matrimonio nació para garantizar de forma natural “que los niños son concebidos por una madre y un padre comprometidos a criarlos en las condiciones de estabilidad que proporciona una relación para toda la vida”, en palabras de Roberts.

Y, en tono paradójico, este mismo juez se pregunta qué motivos habría entonces para negar el matrimonio a tres o más personas. Al fin y al cabo, desde el punto de vista histórico, el salto que hay entre el matrimonio entre hombre y mujer y el homosexual –inconcebible en todas las culturas hasta hace unos años– es mucho mayor que el salto del matrimonio de uno con una a la poligamia, que sí se ha dado en otras culturas.

También señala que el Tribunal “se apodera de una cuestión que la Constitución deja a la gente, en un momento en que los ciudadanos están inmersos en un apasionado debate. Y que tal sentencia responde a esa pregunta (¿qué es el matrimonio?) no de acuerdo con principios neutrales basados en la ley constitucional, sino según su particular visión de lo que la libertad es y lo que debería ser”.

Por último, señala que “el aspecto más desalentador de la sentencia de hoy es que los jueces de la mayoría se ven obligados a mancillar a los que están en el otro lado del debate”. Y así, no solo concluyen sin fundamento que la Constitución ampara el matrimonio gay, sino que “presentan a quienes discrepan con ellos como personas intolerantes”.

Otro de los jueces discrepantes, Antonin Scalia, afirma que esta sentencia es un amenaza contra la democracia: “Permitir que una cuestión como el matrimonio del mismo sexo sea decidida y resuelta por un grupo de patricios viola el principio de que no existe transformación social sin representación”.

Una vez más, nos encontramos con un claro ejemplo de que la ideología gay –en este caso–, a través del Tribunal Supremo del país teóricamente más avanzado del mundo, prevalece sobre el derecho, degradándolo y convirtiéndolo en regresivo; la dictadura del relativismo se impone sobre la verdadera naturaleza del matrimonio, para, de esta forma, pretender transformarlo legalmente, pese a la frontal contradicción con la razón, con el orden biológico y antropológico, con el orden social y el mismo orden jurídico.

Hacer extensivo el matrimonio a las personas del mismo sexo, equiparándolas a la unión de un varón y de una mujer –no se puede igualar lo que es esencialmente distinto–, lejos de suponer una discriminación, es un atentado contra los derechos inalienables de la persona. La sublimación liberticida de la ideología homosexual en modo alguno conlleva la reconquista de derechos, antes bien es la manifestación palmaria de la letal enfermedad que padece la cultura occidental.